Piden 20 años de prisión y decomiso de bienes para Alexis Medina
El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como el cabecilla del entramado de corrupción administrativa desmantelado en la operación “Antipulpo”.
Pero la petición no se limita a la prisión. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también requirió el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles del imputado, incluyendo las empresas vinculadas a su nombre, por haber sido —según la acusación— adquiridos con fondos provenientes de actos ilícitos.
Detrás del expediente, la justicia va tras los millones que Medina y su círculo más cercano supuestamente habrían extraído del Estado a través de contratos irregulares, tráfico de influencias y un esquema de empresas creadas para lucrarse desde dentro del poder.
De acuerdo con la acusación formal, Medina encabezaba una red que utilizó su cercanía con el poder político para asegurarse adjudicaciones millonarias en instituciones públicas. La estructura, según el Ministerio Público, operaba con un engranaje sofisticado de prestanombres, empresas de carpeta y funcionarios aliados.
Entre los cargos presentados figuran estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Junto a Medina, figuran otros exfuncionarios y personas de confianza en la acusación:
Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Magalys Medina Sánchez, hermana del principal acusado y exvicepresidenta del Fonper. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador del Fonper Julián Esteban Suriel Suazo, vinculado como prestanombre Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo, entre otros.
Los delitos imputados abarcan asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad en desfalco, sobornos activo y pasivo, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, prevaricación, y omisión y falsedad en declaración jurada de patrimonio.
Con esta solicitud, el Ministerio Público busca no solo castigo penal, sino también la recuperación del patrimonio público presuntamente saqueado. El juicio se ha convertido en uno de los procesos emblemáticos del combate a la corrupción en el país.