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Ante las recientes medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la presencia de inmigrantes indocumentados en el país, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) manifestó su respaldo al control migratorio. No obstante, propone que la regulación del alquiler de inmuebles a extranjeros sea evaluada dentro del marco de la reforma a la Ley de Alquileres que cursa en el Congreso Nacional.

«El alquiler de una propiedad conlleva una depuración previa. A todos los extranjeros y dominicanos se les exige identificación, como cédula o pasaporte, prueba de ingresos y un fiador», expresó Alberto Bogaert, presidente de la AEI, quien aclaró que esto es una norma del sector inmobiliario formal.

La propuesta del mandatario sobre los alquileres forma parte de una serie de 15 medidas anunciadas esta semana para frenar la presencia de inmigrantes ilegales. Entre ellas, Abinader adelantó que el Gobierno someterá un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio con «carácter de urgencia», el cual incluiría sanciones más severas para funcionarios y particulares que faciliten la entrada o permanencia de inmigrantes indocumentados.

«Propondremos establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tales como: propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular», agregó Abinader al hacer el anuncio en una alocución que fue transmitida a nivel nacional.

En ese orden, Bogaert consideró que el tema legal del alquiler de propiedades sea incluido para analizar la reforma de la Ley de Alquileres que reposa en el Congreso.

El riesgo en los alquileres informales

En los casos de alquileres informales, la dinámica es distinta. Los propietarios suelen limitarse a solicitar entre tres y cuatro depósitos, de los cuales dos se pierden como fondo de garantía ante posibles daños, como en el caso de Sofía Linares, propietaria de un edificio con 12 viviendas en un sector del Distrito Nacional.

«Muchos prefieren alquilar a extranjeros debido a su compromiso y puntualidad en el pago mensual de la casa, pero hay que reconocer que su cultura y costumbres de cuidar la propiedad son distintas», indicó.

Se trata de alquileres económicos en zonas periféricas, realizados directamente entre propietarios y arrendatarios sin mayor verificación financiera ni legal, explicó un corredor de bienes raíces consultado. Indicó que los inquilinos extranjeros que sí cumplen con los requisitos suelen ser empleados formales o personas con solvencia económica.

Linares explicó que, aunque no exige pasaporte a los inquilinos extranjeros, sí solicita un depósito adicional y un garante. «Reconozco que muchos de ellos están en situación irregular, pero son responsables. Hasta dejan de comer para pagar el alquiler«, aseguró.

Precisó que sus garantes suelen ser individuos de la misma nacionalidad, con estatus migratorio regular, o dominicanos que conocen a los inquilinos y dan fe de su responsabilidad. Entre los migrantes a quienes alquila se destacan haitianos y venezolanos.

La razón de las medidas de Abinader

El presidente anunció el domingo 6 de abril 15 medidas con el fin de endurecer su política contra la migración irregular haitiana, para así «proteger la República Dominicana y asegurar el respeto a las leyes del país».

En un mensaje dirigido al pueblo dominicano, reconoció que los dominicanos están preocupados por la amenaza que representa Haití, la migración irregular que provoca y por la carga que esto representa para los hospitales y escuelas del país, así como los riesgos para la seguridad y el peso sobre la economía.

«Sabemos que Haití atraviesa la hora más oscura de su historia, por múltiples crisis. Una crisis de seguridad, por las bandas criminales que controlan su territorio; una crisis medioambiental, por la deforestación y la falta de agua; una crisis económica, por la falta de medios de producción», pero condenó la permanencia de los extranjeros en situación irregular en el país.

La medida cuatro dice: Depositarán la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente, que debe ser conocido con carácter de urgencia, para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados; y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad.

«Además, propondremos establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tal como: propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular», manifestó.