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Siete meses en prisión preventiva, acusaciones sin pruebas, tortura y estigmatización: Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz narran su calvario tras ser liberados por el asesinato de Paula Santana Escalante. La historia fue revelada en el programa «Te lo explico», de la periodista Nairobi Viloria. 

El 22 de febrero de 2024, Paula Santana Escalante fue encontrada muerta en una alcantarilla, semi-desnuda, a pocos metros de la empresa Oscor Caribe, ubicada en la Zona Franca de Las Américas, donde trabajaba como operaria. Su asesinato conmocionó al país. La investigación, sin embargo, se convertiría en un ejemplo trágico de errores procesales, falta de diligencia y profundas consecuencias para dos inocentes. 

La detención sin pruebas 

Pocos días después del hallazgo, el Ministerio Público arrestó a dos compañeros de trabajo de Paula: Joaquín Hidalgo Marte (alias Alex) y Alex Cruz Díaz (alias Chucky). Ambos fueron enviados a prisión preventiva, imputados por la muerte violenta de la joven.

La evidencia presentada en su contra incluía la hora inusual en que marcaron salida del trabajo, la supuesta desaparición de la zona durante la noche del crimen, y una camiseta con manchas de sangre atribuida a Cruz Díaz. Pero ninguna de esas pruebas resistió el paso del tiempo ni el rigor forense. 

Los peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no encontraron ADN de los acusados en el cuerpo de la víctima ni en la ropa. Tampoco los análisis a sus teléfonos aportaron evidencia. En septiembre de 2024, siete meses después de su arresto, el Ministerio Público solicitó el archivo provisional del caso. Ambos fueron liberados, sin cargos, pero con su vida marcada. 

La tortura en custodia 

En entrevista con la periodista Nairobi Viloria, Joaquín y Alex narraron con detalles estremecedores lo que vivieron durante su detención. Joaquín relata que fue llevado por agentes del DICRIM a una calle desierta en Boca Chica, donde lo torturaron colocándole fundas en la cabeza, apretándole las esposas, golpeándolo en el estómago y amenazándolo de muerte para que confesara un crimen que no había cometido. «Pensé que era el último día que mi madre me iba a ver con vida», dijo. 

Ambos aseguran que se mantuvieron firmes. «Siempre dije que no era culpable. Le dije a los agentes: ustedes van a matar a un hombre inocente», cuenta Joaquín. 

Tras ser sometidos a medidas de coerción, fueron enviados al Centro Correccional de San Pedro de Macorís, donde permanecieron aislados por semanas debido a los rumores que circulaban en medios y redes sociales: que serían envenenados o agredidos por otros internos.

Vivieron con miedo constante. «Duré un mes exprimiendo botellitas de agua por temor», contó Cruz Díaz. 

La estigmatización social 

Al salir de prisión, la pesadilla no terminó. Joaquín y Alex descubrieron que recuperar la vida normal era imposible. «Tocamos puertas buscando trabajo y nos rechazan. Nos dicen asesinos«, declararon. 

Perdieron amistades, oportunidades y tranquilidad. «Estamos libres, pero caminando aún estamos presos. La gente todavía no cree que somos inocentes«, dijo uno de ellos. Además, aseguraron que incluso el trato dentro del penal estuvo marcado por los prejuicios derivados de lo que se decía en televisión y redes sociales. 

La pregunta que persiste: ¿Por qué no investigaron al verdadero culpable? 

La detención de Junior Lazarito Sánchez Martínez el 30 de abril de 2025 dio un giro al caso. Sánchez Martínez, de 26 años, también trabajaba en Oscor Caribe y era considerado una persona cercana a Paula. Según informó el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, el imputado confesó el crimen en presencia de su abogado y firmó la declaración. 

El abogado de la familia Santana, Pedro Duarte Canaán, señaló que hubo «graves deficiencias» en la primera etapa de la investigación. Se ignoraron grabaciones de seguridad, se descartaron vínculos laborales clave y no se profundizó en el entorno más cercano de la víctima. “Hubo negligencia, y alguien debe responder”, dijo. 

Duarte añadió que, tras el crimen, el imputado siguió yendo al trabajo con total normalidad, incluso participó en la búsqueda de Paula junto a los hoy exonerados. «Sabía lo que había hecho y actuó como si nada», dijo Joaquín, con impotencia. 

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Una vida en pausa 

Durante los siete meses de encierro, ambos vivieron incomunicados gran parte del tiempo. Recibían comida sin saber si estaba contaminada, temieron por su integridad, fueron tratados como culpables por los propios oficiales penitenciarios. Aunque no recibieron condena judicial, enfrentaron una condena social. 

«El sistema nos falló. Fuimos víctimas dos veces: del error de la justicia y del juicio mediático», dicen. 

A más de un año del crimen, Paula finalmente tiene un acusado confeso. Pero la pregunta de Joaquín sigue vigente: «¿Por qué querían hacerme ese daño si yo era inocente?». 

El Ministerio Público ahora busca la máxima pena para Sánchez Martínez. La familia de Paula pide justicia completa y respuestas sobre cómo se desvió tanto la investigación. Joaquín y Alex, por su parte, esperan algo más elemental: que se les devuelva la posibilidad de una vida normal.