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Un total de 102 personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, presentaron una querella la tarde de ayer contra cuatro personas presuntamente implicadas en el desalojo de los terrenos que ocupaban en Mata Mosquito, Friusa, una localidad que pertenece a Bávaro, en la provincia La Altagracia.

De los 102 querellantes, 81 son dominicanos y 21 haitianos, quienes poseen permisos de trabajo, según consta en el documento de la querella depositada ante la fiscalía de la provincia La Altagracia.

El documento también establece que existe un total de 283 querellantes, aunque solo se citan 102 en el acto de depósito.

Mientras que, también señala que los demandados son Domingo Lizardy, Ernetico Botello, Juan Luis Martínez y Elvis Suárez, abogado del Estado. 

Las familias afectadas acudieron a la Fiscalía acompañadas por el vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, y sus abogados. 

Según Ureña, quien habló en representación de los afectados, el desalojo se llevó a cabo contra un grupo de ciudadanos dominicanos a quienes, alega, se les vulneraron y soslayaron sus derechos de propiedad. Afirmó que se intentó, mediante documentos presuntamente falsos, apoderarse de los terrenos sin poseer un título que otorgue derechos sobre ellos.

El representante de los Derechos Humanos explicó que la organización que representa luchará en todos los ámbitos para que cada uno de los dominicanos y munícipes de la localidad de Mata Mosquito que fueron perjudicados con la destrucción de sus viviendas, sean debidamente resarcidos.

«Señores, resulta lamentable que en un país que se autodenomina democrático y de derecho, se presenten 1,400 efectivos militares con armas de guerra, a las tres de la mañana, para desalojar a numerosos dominicanos que durante años tuvieron sus pertenencias y construyeron sus hogares en ese lugar. No es posible que no se les reconozca ningún derecho y se les arroje a las calles de esa manera», manifestó Ureña con visible indignación.

Indicó que el desalojo fue arbitrario, ilegal y, fundamentalmente, violatorio de todos los derechos fundamentales y de la jurisdicción inmobiliaria.

Informe técnico

Ureña destacó que cuentan con un informe técnico, elaborado por un agrimensor, que establece que los terrenos en cuestión, correspondientes a la parcela 67-192, distrito catastral 11 Ava Tercera, no poseen deslinde. En base a esta observación, el agrimensor indica que la parcela está libre de deslinde, lo que implica que no existe titularidad definida. «No hay título de propiedad, por eso nos preguntamos: ¿Quién emitió esa orden de desalojo?», concluyó Ureña.

En ese mismo orden, el abogado Marcos Fidencio, asesor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aclaró que el desalojo no se dirigió contra ciudadanos haitianos, sino contra dominicanos, específicamente 284 personas que él representa hasta el momento.

Fidencio señaló que el presidente de la República, Luis Abinader, «fue inducido a error», que se utilizaron sus buenas intenciones y se aprovecharon las fuerzas públicas, las cuales habían sido dispuestas con el único fin de desalojar a nacionales haitianos, no a dominicanos.

Argumentó que el desalojo se realizó de manera ilegal, ya que la Ley 108-05 (de Registro Inmobiliario) no permite a ningún individuo llevar a cabo un deslinde en una porción de terreno donde existe un espacio que ha sido adquirido sin ningún tipo de violencia.

Informó que se depositó una querella en constitución en actor civil con el propósito de que todos los afectados sean resarcidos y se les restituyan los terrenos.

Asimismo, comunicó que la querella se dirige contra Domingo Lizardy y Juan Luis Martínez, propietarios de los equipos utilizados en el desalojo.