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El Poder Judicial adquirió hace ocho años las instalaciones y el local del antiguo Hotel Cervantes, ubicado en Gascue, para remodelarlo y trasladar allí varios tribunales, así como para construir un edificio de cuatro niveles con 218 parqueos. Sin embargo, una disputa legal ha frenado la mudanza, a pesar de la escasez de espacio en el sistema de justicia.

En marzo de 2018, la Constructora Vélez & Sánchez (Convesa) ganó la licitación para remodelar el hotel y, en noviembre de ese año, también para construir el edificio de parqueos. Casi un año después, según esa empresa, el proyecto tenía un avance de más de un 90 %.

La obra se paralizó inmediatamente tomó posesión en abril del 2019 el actual presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña.

En mayo, un informe de la Dirección de Infraestructura Física del CPJ recomendó contratar una firma consultora para una evaluación técnica exhaustiva de la construcción del denominado Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas.

Desde entonces, se inició una litis sobre supuestos vicios de construcción y la ausencia de permisos y licencias, sin un acuerdo sobre quién debía gestionarlos.

El edificio que alojaría los tribunales, prácticamente listo hace más de cinco años,  y el de parqueos en avance, se construyeron al margen de las Normas y Especificaciones Generales del Ministerio de Obras Públicas y sin licencia de uso de suelo del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

La adquisición del Hotel Cervantes por 144 millones de pesos se realizó durante la gestión de Mariano Germán (2011-2019) como presidente del CPJ y la SCJ, período en el que el Poder Judicial enfrentaba constantes reclamos por falta de recursos, recibiendo apenas el 1.3 % del Presupuesto Nacional, en vez del 2.66 % que le corresponde por ley. 

RD$358 millones

El Proyecto de Construcción del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas fue contratado por 103.4 millones de pesos, y el edificio de parqueos, de cuatro niveles, por 86 millones de pesos.

A estos montos se sumaron 25 millones de pesos adicionales, tras un informe del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) que justificó un reajuste por refuerzos estructurales y cambios en el hormigón.

El costo total de ambos contratos ascendió a 214.5 millones de pesos. Con la compra del hotel, la inversión total fue de 358.5 millones de pesos. 

Condena  a empresa

En julio del 2024, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó a Convesa al pago de 20 millones de pesos de indemnización a favor del CPJ.

Los jueces determinaron que la empresa “inobservó la cláusula contractual atinente a la adaptación de sus asignaciones a las normas técnicas de construcción”, como establece el pliego de condiciones.

El TSA también declaró la resolución de los dos acuerdos.

“El perjuicio de su acción quedó acreditado toda vez que, en clave con el informe técnico de fecha 10 de julio de 2020, la edificación en construcción no se hace viable y, por tanto, inoperable. De ahí que se retenga un daño específico en tanto que, a la parte demandante: Consejo del Poder Judicial, no le resulte posible aprovecharse del bien objeto de construcción”, establece el tribunal.

Convesa apeló la decisión en casación. Su presidente, Carlos Vélez, argumenta que no era responsabilidad de la constructora gestionar los permisos, sino del propietario del proyecto, el Poder Judicial. Alega, además, que los planos y diseños no estaban aprobados cuando se convocó la licitación. 

Expediente en casación 

El recurso de casación aún no tiene fecha de conocimiento. La demanda del CPJ fue acogida en parte porque, además de la resolución de los contratos con la constructora, demandaba el pago de 843,043,908.56 pesos por daños y perjuicios ocasionados al Estado dominicano.

También se rechazó una demanda reconvencional de Convesa, en la que solicitaba que se ejecutaran los acuerdos y la reparación por daños y perjuicios en más de 86.7 millones de pesos. La empresa sostiene que se le adeuda más de 52 millones de pesos.

Contradicción en auditorías

La sentencia del TSA que condena a Convesa relata que el CPJ solicitó la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de identificar y contratar a una empresa que realizara evaluaciones técnicas y financieras para el proyecto del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, de donde se seleccionó Epsa-Labco, Ingenieros Consultores.

En su informe, Epsa-Labco concluyó “que los trabajos ejecutados se realizaron al margen de los planos aprobados por las autoridades competentes” y que “existió violación a las normativas”, por lo que “sendas obras” presentan “defectos estructurales” que las hacen “inoperables”, además de inseguras. 

Asimismo, que “presentó disonancia entre los trabajos cubicados y pagados o, entre lo construido y ejecutado”.

Ante este informe, el TSA acogió el pedido de Convesa para realizar una nueva auditoría. Se designó a los ingenieros Alexander de Jesús Cuello y Julio Mercedes, del Codia. Su análisis confirmó la falta de permisos, pero refutó parte de los hallazgos de Epsa-Labco. Concluyó que sí hubo continuidad estructural en los muros, lo que llevó a Epsa-Labco a emitir una fe de errata por errores en su informe inicial.

El informe de los ingenieros del Codia indica que “no se debe tener temor” de la construcción, a la que deberá dársele continuidad lo más pronto posible para que los procesos ejecutados y los materiales utilizados no se degraden totalmente.    

Acuerdo con Bienes Nacionales para su usufructo 

En diciembre del año pasado, el CPJ transfirió a Bienes Nacionales el usufructo del terreno y las mejoras del Hotel Cervantes, de 6,850 m², y, en cambio, al Poder Judicial se le otorgó el edificio de Registro Inmobiliario, en el Centro de los Héroes.

Diario Libre trató de conocer cuál será el uso que Bienes Nacionales le dará a estos edificios, pero no obtuvo respuesta por más que se insistió.

La sociedad comercial Epsa-Labco es la misma empresa que realizó las evaluaciones en el 2021 al edificio de las Cortes del Distrito Nacional, el cual advirtió de riesgos de esa estructura en un posible sismo de magnitud importante en el país.

La jueza Ysis Muñoz, presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (FUENTE EXTERNA)

Tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set el 8 de abril pasado, que causó 233 muertes, el CPJ aceleró la mudanza de los más de 15 tribunales de la vieja corte al edificio del Registro Inmobiliario y también dispuso el uso obligatorio de medios digitales en los tribunales civiles del Distrito Nacional.