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Mientras los celulares se han vuelto indispensables para la vida moderna, también son piezas clave en la estructura de un crimen que opera tras las rejas.

Según datos ofrecidos por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el 36% de los robos en el país están directamente relacionados con la sustracción de teléfonos móviles, y más alarmante aún: el 90% de las llamadas fraudulentas se originan desde cárceles dominicanas.

La estadística desnuda un problema estructural que por años ha escapado del control institucional. Las cárceles, lejos de ser espacios de rehabilitación, han funcionado como centros de operaciones del crimen digital.

Conscientes de esa realidad, el gobierno ha puesto en marcha un plan piloto de instalación de bloqueadores de señal en cuatro centros penitenciarios: la cárcel del 15 de Azua, el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey en Santiago, El Pino en La Vega y Anamuya en Higüey.

Esta primera fase busca interrumpir el acceso a redes móviles dentro de los recintos, limitando la posibilidad de que los reclusos dirijan estafas, extorsiones o delitos cibernéticos desde sus celdas.

Pero más allá de la instalación técnica, el cambio de fondo es estratégico: la supervisión y el monitoreo del sistema de bloqueadores dejará de estar bajo control del Ministerio Público y pasará a ser responsabilidad compartida del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el propio Indotel.

La decisión, según el director de la entidad reguladora, Guido Gómez Mazara, se tomó luego de revisar experiencias previas en las que las cárceles continuaban operando como centros de estafa incluso después de supuestas intervenciones.

Error de administradores

“El gran error de administraciones anteriores fue dejar la supervisión del proceso tecnológico dentro del mismo sistema penitenciario. Ahora lo haremos desde fuera, con tecnología independiente y monitoreo en tiempo real», explicó Mazara.

Como parte del nuevo esquema, se instalará un dashboard de vigilancia que permitirá identificar cualquier anomalía en la señal, detectando llamadas, picos de actividad sospechosa o intentos de burlas al sistema.

La medida ha sido calificada como crítica en el combate a las mafias carcelarias, que han desarrollado estructuras sofisticadas para operar con aparente impunidad.

Las cárceles dominicanas han sido, históricamente, caldo de cultivo para la corrupción, el tráfico de influencias y la conexión con bandas en las calles. Y el uso de teléfonos celulares ha sido el arma perfecta: fácil de ocultar, difícil de rastrear, altamente rentable.

Mantienen reservas

Aunque las autoridades mantienen reserva sobre algunos aspectos del operativo –incluyendo fechas precisas de implementación por razones de seguridad–, se confirmó que ya se han hecho descubrimientos insólitos durante el proceso de intervención, como la existencia de “fuentes de consulta de brujería” utilizadas por internos como parte de sus rituales delictivos, lo que ilustra el nivel de control simbólico y psicológico que también se maneja desde las celdas.

A largo plazo, el proyecto apunta a extenderse a todos los centros penitenciarios del país, con el respaldo de una inversión estatal coordinada con organismos internacionales. La clave, según el gobierno, es eliminar las zonas grises desde donde se manipula la seguridad pública.

En paralelo, se trabaja en un plan complementario para ofrecer actividades recreativas y educativas a los internos, como parte de una visión que no solo bloquea el crimen, sino que también busca reducir su reproducción.

«Ya nadie debería poder desaparecer dentro de un destacamento o una cárcel», sentenció el director de Indotel.

La era del silencio en las cárceles dominicanas ha comenzado, y con ella, una posible reducción de uno de los crímenes más cotidianos y dañinos para la ciudadanía: la estafa telefónica.