Imponen medida de coerción contra dueño de tienda Mudan
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso como medida de coerción la presentación periódica y una garantía económica de 100 mil pesos bajo compañía al comerciante Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por un incidente ocurrido recientemente durante un operativo de la Dirección General de Migración (DGM).
“El tribunal se destacó al no imponer la prisión preventiva solicitada, que representaba la medida de coerción más gravosa, cuando no existían elementos que indicaran peligro de fuga. En este caso, no había arraigo suficiente que justificara tal medida para el tipo penal en cuestión”, declaró Freddy Manuel Díaz, abogado del imputado.
Valora la medida
Díaz aseguró que el Departamento de Migración, a través de su equipo jurídico, intentó sentar un precedente que calificaron de arbitrario y abusivo. Sin embargo, valoró que el tribunal, actuando conforme al Estado de derecho, corrigió esa postura institucional, recordando la importancia de respetar los protocolos y el debido proceso.
“Nos sentimos satisfechos con la decisión. En lugar de prisión preventiva, se impuso presentación periódica y una garantía económica”, resaltó.
El Ministerio Público había solicitado presentación periódica ante el tribunal, una garantía económica de 200 mil pesos e impedimento de salida del país, conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
Es reincidente
Po Xie está acusado de obstrucción a la labor de los agentes migratorios y de agredir a un abogado de la DGM durante el operativo, en el cual fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular dentro de la tienda, ubicada en la avenida Duarte casi esquina París, en el Distrito Nacional.
Además, la DGM lo señala como reincidente en la contratación de extranjeros indocumentados, motivo por el cual ya habría sido sancionado anteriormente con una multa de 450 mil pesos.
El caso ha generado atención pública por involucrar temas sensibles como el control migratorio, los derechos de los empleadores y la contratación de trabajadores extranjeros en condiciones irregulares, en medio de un contexto de mayor fiscalización migratoria por parte del gobierno dominicano.