Redadas migratorias paralizan vidas de dominicanos en Puerto Rico
La comunidad dominicana en Puerto Rico enfrenta uno de sus momentos más duros. Las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han sacudido el barrio de Barrio Obrero, en San Juan, dejando tras de sí temor, comercios paralizados y familias fracturadas.
Desde enero, al menos 528 personas han sido detenidas, de las cuales 392 son de nacionalidad dominicana, según cifras citadas por la BBC News Mundo. Los operativos han afectado profundamente el tejido social y económico de esta zona, conocida como un punto neurálgico de la migración dominicana en la isla.
“Hay personas pasando hambre porque no se atreven a salir de sus casas”, advirtió José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico. “Se está gestando una crisis humanitaria”, agregó.
Entre el miedo y el encierro
Celia, nombre ficticio, es una dominicana de 33 años que llegó a la isla por mar hace cuatro años, afirma que ya no se atreve a salir de su casa si no es para ir al trabajo. Vive con miedo. Tras una redada ocurrida el 26 de enero, decidió enviar a su hija —ciudadana estadounidense— de regreso a República Dominicana, temiendo ser arrestada y deportada sin poder protegerla.
“No tengo ánimo ni fuerzas en el cuerpo”, dijo a la BBC. “Espero que nos dejen trabajar. A los dominicanos nos gusta trabajar”.
Comercios vacíos, economía detenida
El impacto económico es palpable. Rosario de la Cruz, propietaria de El Fogón de Chary, un restaurante en Barrio Obrero, asegura que pasó de vender entre 3,000 y 4,000 dólares diarios a apenas 100 dólares por día. Tuvo que despedir a su personal y reducir el horario de operación.
Otros negocios como barberías, salones de belleza y agencias de envío de dinero han visto una caída drástica en su clientela. Gerald Hernández, quien dirige una barbería y una agencia de remesas, afirma que la gente prefiere llegar en Uber o no ir del todo. “Durante las redadas, los tratan como delincuentes”, señaló.
Derechos humanos bajo presión
Las redadas no solo se han concentrado en residencias, también en sitios de trabajo como construcciones y restaurantes, sectores donde se emplea a gran parte de la comunidad migrante. La mayor intervención hasta ahora ocurrió en mayo, cuando 53 personas fueron arrestadas en una obra en el hotel La Concha.
Rodríguez denunció que las acciones del ICE son desproporcionadas y, en algunos casos, han implicado la irrupción en casas humildes. Aunque ICE negó el uso de la fuerza para entrar, los testimonios de los afectados dicen otra cosa.
Por su parte, Romelinda Grullón, del Centro para la Mujer Dominicana, explicó que muchas mujeres han dejado de asistir a tratamientos médicos o denunciar violencia por temor a ser deportadas. “Están en desamparo”, dijo.
Silencio oficial y miedo a represalias
Ni el gobierno de Puerto Rico ni la Cancillería dominicana han respondido a solicitudes de la BBC sobre esta situación. Según la gobernadora Jennifer González, existe el temor de que enfrentar las políticas migratorias de la administración Trump derive en recortes de fondos federales.
“Ni Puerto Rico ni República Dominicana han defendido a su gente”, criticó Rodríguez. “El gobierno de Abinader aplica en su país la misma política contra los haitianos”.
Apoyo limitado, ayuda humanitaria
Desde la Iglesia Metodista San Pablo, en Barrio Obrero, se han distribuido más de 1,400 bolsas de comida y 4,000 platos calientes. También ofrecen atención psicológica y orientación legal. Pero, como lamenta la pastora Nilka Marrero, “los recursos no alcanzan” y muchas familias están optando por irse, desplazándose incluso a zonas rurales de la isla.
La situación sigue en desarrollo, en un contexto donde el miedo se ha vuelto rutina y el trabajo —para muchos— se ha convertido en un acto de resistencia.