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Comunidades de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento requerido por la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.

Este consenso, alcanzado con la mediación del Gobierno dominicano, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, garantiza la ejecución de un amplio plan de reasentamiento que contempla inversiones superiores a los RD$20 mil millones.

A través de una nota de prensa se informó que la iniciativa incluye la entrega de viviendas dignas, acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, educación, salud, instalaciones deportivas, y la construcción de infraestructura comunitaria como un mercado, destacamento policial, cementerio municipal y una Unidad de Atención Primaria.

El acuerdo también establece un esquema de compensación para cultivos de ciclo corto y largo, árboles forestales y terrenos, mediante una matriz de precios acordada. Se incluye además un programa de acompañamiento psicosocial, planes de vida familiar, generación de ingresos, educación financiera, y programas educativos orientados a reducir el analfabetismo y mejorar el rendimiento escolar. 

Reacciones

Sobre el convenio, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó: “representa un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios”.

“Esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el desarrollo minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que sí es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo”, añadió el funcionario.

De su lado, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó que el acuerdo entre las partes forma parte de un proceso que será evolutivo y de aprendizaje.

“Este momento inicia una transición que continuará, independientemente de que en el contrato hay plazos, y nos hemos comprometido, tanto la Iglesia Católica como el defensor, a dar un acompañamiento para que sea un proceso continuo en otras dimensiones», indicó Ulloa

Y agregó: «agradezco, sobre todo, a cada uno de los representantes de las comunidades, al Estado, al Senado de la República, y reiteramos el compromiso que tenemos con la garantía de los derechos de todos y todas”, indicó Ulloa.

Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, expresó que el programa de reasentamiento ha sido desde el inicio construido sobre la base de la participación continua de las partes interesadas.

Indicó que se acordaron aspectos clave como una matriz de compensación alineada a la legislación dominicana y a los objetivos establecidos por la norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Mientras, Martín Guzmán, representante de los comunitarios, valoró el acuerdo como positivo. “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”, dijo.

En la firma del acuerdo participaron, además, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, Eberto Antonio Núñez, alcalde del municipio de Bonao, y por el Ministerio de Energía y Minas, Rolando Muñoz, director general de Minería.