Jet Set: Antonio Espaillat es investigado por «homicidio involuntario»
El Ministerio Público investiga por el delito de “homicidio involuntario” a Antonio Espaillat y a su hermana, Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó durante una fiesta de Rubby Pérez el pasado 8 de abril, dejando 236 muertos y más de 180 heridos.
Los dos fueron dejados bajo arresto la tarde de este jueves luego de varias horas de ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
«Mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia«
El Ministerio Público dijo que los hermanos mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió.
La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario, conforme al Artículo 319 del Código Penal Dominicano.
Pedirá medida de coerción
El Ministerio Público dijo, en una nota de prensa, que “los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del distrito Nacional para que se le conozcan medidas de coerción”.
El documento explica que los dos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.
El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.
Responsabilidad civil
La responsabilidad civil en el caso de la tragedia del Jet Set Club en Santo Domingo, donde el colapso del techo dejó 236 muertos y más de 180 heridos, se ha convertido en un punto clave dentro del proceso judicial.
Según el Código Civil Dominicano, los afectados pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, incluyendo compensaciones económicas para las familias de las víctimas.
El Ministerio Público ha inmovilizado bienes vinculados a la empresa Inversiones E y L, S.R.L., bajo la cual operaba la discoteca, como medida para garantizar eventuales reparaciones a las víctimas. Además, se han presentado más de 70 acciones legales contra los propietarios del local.