Camipe: mora en la emisión de permisos frena la minería

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El sector minero tiene el reto de aportar 5,400 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) dominicano a partir de la próxima década, como parte de la iniciativa de la actual gestión de Gobierno que busca duplicar el tamaño de la economía nacional a través de la denominada Meta RD 2036

Sin embargo, al conversar con el presidente y el director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), Pedro Esteva y Martín Valerio, respectivamente, la palabra más pronunciada por ambos sobre qué atenta contra ese objetivo es la permisología para los proyectos por parte de las instituciones públicas. 

Esteva explicó que desde el Gobierno se tiene la conciencia de que el crecimiento del país debe ser ordenado, lo que les ha llevado a ser “celosos” con las autorizaciones, con el propósito de evitar otorgar permisos para establecer actividades económicas o industriales y “volarse” lo que manda la ley.

“Pero, eso ha creado una mora importante en este momento en los permisos y se ralentiza el crecimiento que pudiéramos tener. Hay proyectos que tienen seis y siete años detenidos”, lamentó el titular de la Camipe al participar en el espacio Diálogo Libre, que produce Diario Libre. 

Afirmó que Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño del PIB nacional hacia ese año, implica que la economía crezca más de un 5 % cada año. 

No obstante, el principal ejecutivo de la entidad declaró que hay evidencia de que la emisión de permisos está impactando el crecimiento económico, incluyendo en la minería, señalando que es un tema transversal a todas las industrias. 

Precisó que dentro de la iniciativa gubernamental se establecieron cuatro prioridades para la actividad minera: la reforma a la ley del sector, la permisología, impulsar los proyectos que están en fase de exploración, “para ver qué pasa”, y un plan de comunicación para informar sobre la minería en el país. 

Una nueva ley minera

Sobre la reforma a la Ley Minera de la República Dominicana, que data de 1971, Pedro Esteva aseguró que el nuevo marco legal que se está construyendo permitirá que haya minería constante en el país a través de los años. 

“Esos proyectos que están ahora van a alimentar el presupuesto nacional por los próximos 10 años y después, cuando esos periman, vendrán otros proyectos. Ese 2 % que entienden que va a aportar la minería al PIB por los próximos 30-40 años, nos llevaría en 2036 a hacer un aporte de 5,400 millones de dólares al PIB, excluyendo las tierras raras”, destacó. 

El presidente de la entidad indicó que una ley robusta para el sector daría más paz al país para que lleguen nuevas inversiones.

Pide una mayor regulación por parte del Estado sobre las canteras

El presidente de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, Pedro Esteva, exigió una mayor regulación por parte de las autoridades sobre las operaciones de las canteras que operan en el país. “Hay una minería que uno ve cuando anda en las carreteras y se ve que no hay un plan de minado, de cierre, no hay remediación, y son de las cosas que también tenemos que exigir a las autoridades, que regule más”, reclamó Esteva.

Duplicar aporte

En tanto, Martín Valerio, director ejecutivo de la Camipe, consideró que el destrabamiento de los permisos de los proyectos mineros contribuiría a que el sector pueda duplicar su contribución actual a la economía y citó como ejemplo que una sola empresa minera aporta en la actualidad el 5.6 % del presupuesto nacional y alrededor del 1 % del PIB. 

“Cuando puedes avanzar en un proyecto con certeza, pues lógicamente, la inversión fluye más. De eso se beneficia el Estado, porque si los proyectos están trabajando, recauda más; si avanza, recibe más inversión (la empresa) y puede contratar más (personal); la comunidad se beneficia, porque vienen obras, mejoras, más compras”, resaltó Valerio.

Señaló que los más de 50 años que tiene de vigencia la actual Ley Minera es lo que genera dificultades en cuanto a la permisología. 

“Estamos hablando de una actividad económica que es sumamente regulada y necesita de un marco que le permita seguir creciendo. La propuesta nuestra tiene que ver con la seguridad jurídica, necesitamos una mayor trazabilidad en cuanto a la permisología. Estamos hablando de una armonización con las políticas medioambientales y también tiene que haber esa sostenibilidad que el mismo Gobierno promueve”, sentenció.

Nueva ley que transparente y controle inversión 5 %

Desde la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) se impulsa una modificación a la ley del sector para que, entre otras cosas, se establezca un mayor control sobre la inversión de los recursos que pagan las empresas que se dedican a esa actividad.

Pedro Esteva, presidente de la Camipe, señaló que los gobierno dan un uso discrecional al 5 % de los beneficios netos que pagan las compañías mineras, por lo cual, desde la entidad se plantea que el destino de esa contribución quede definido en un marco legal.

“Ese 5 % es por la Ley de Medio Ambiente, ni siquiera por la Ley de Minería, o sea, necesitamos orden en ese sentido. Que el dinero vaya a las comunidades y transforme la calidad de vida en esas comunidades, cosas que en la ley actual no están consignadas como tal”, expresó Esteva.

El titular de la cámara criticó que en el país solo una operación minera esté operando bajo la ley del sector.

“Las demás, incluyendo Barrick (Gold), son contratos especiales aprobados por el Congreso donde no está tácitamente descrito el aporte a la comunidad, es más bien discrecional de parte del Gobierno la cantidad de dinero que va (a las localidades). Esto es parte de lo que se busca con la nueva ley: que la gente vea una claridad de la actividad minera con la mejora de las comunidades”, aseguró.

En tanto, Martín Valerio, director ejecutivo de la Camipe, indicó que con el proyecto de ley que están trabajando se plantea la necesidad de definir los proyectos en los que serían invertidos los recursos provenientes de la actividad minera.

“Puede ser acueductos, carreteras, escuelas, hospitales. Eso es lo que queremos, que se garantice que los fondos sean invertidos de forma correcta. No le pagamos un tributo a la comunidad, se le paga al Estado y este es que tiene a bien invertirlo”, apuntó.

En otro orden, Valerio destacó que el país se ha convertido en un exportador de mano de obra para el sector minero mundial.

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