Las obras financiadas con préstamos muestran retrasos significativos
Cuando asumió el cargo en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader enfrentaba un desafío inédito: gestionar la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus. A pocos meses de iniciar su mandato, el Gobierno recurrió a empréstitos millonarios para afrontar la emergencia.
En nombre del COVID-19 se aprobaron al menos seis préstamos en rápida sucesión. Pero más allá del contexto pandémico, el endeudamiento se ha mantenido como una herramienta constante durante la gestión de Abinader, amparado en una mayoría oficialista en el Congreso.
Esa dinámica ha servido tanto para cubrir déficits presupuestarios como para financiar obras de infraestructura, aún inconclusas.
Para este 2025, el presupuesto nacional contempla más de 40,000 millones de pesos en proyectos de inversión respaldados por préstamos, incluyendo iniciativas que arrastran retrasos desde 2021.
Entre los más costosos
El Metro de Santo Domingo, impulsado durante los gobiernos de Leonel Fernández, continúa siendo uno de los principales receptores de fondos financiados. A este se suma el monorriel de Santiago, cuya inauguración ha sido anunciada para diciembre.
Entre ambos proyectos -el Metro y su Línea 2C, y el monorriel- se presupuestaron este año 19,270.2 millones de pesos con financiamiento de organismos internacionales.
Pese a contar con recursos aprobados desde 2023, la Línea 2C aún no ha sido completada. Según la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el proyecto avanza en su fase de obra civil y continuará con la instalación electromecánica. El presidente Abinader ha prometido pruebas en septiembre.
Monte Grande y agua
Otra obra prioritaria es la presa de Monte Grande, para la que se han destinado 2,335 millones de pesos provenientes de préstamos internacionales. Aunque en 2023 el Congreso aprobó dos financiamientos, dos años después la obra no ha concluido.
En marzo pasado, el director del Indrhi, Olmedo Caba, señaló que las obras complementarias aún estaban en etapa de diseño y que su conclusión se proyecta para 2027.
En materia de agua potable y saneamiento, se presupuestaron 3,008.9 millones de pesos. Estos fondos incluyen la ampliación del acueducto oriental, el saneamiento de cañadas como Guajimía y proyectos de limpieza de agua en zonas turísticas.
El caso de Guajimía es ilustrativo. Aunque se aprobaron 54.1 millones de dólares en préstamos en 2021, el proyecto de saneamiento aún no se ha completado.
El 28 de abril de este año, el director de la Caasd, Felipe “Fellito” Suberví, informó que la obra avanzaba, y que se intervendrían ocho kilómetros de cañada, frente a los 5.4 kilómetros previstos.
También hay retrasos en la ampliación del acueducto de barrera de salinidad. Pese a contar con financiamiento desde 2022, la infraestructura no se ha concluido. En junio de 2024, la Caasd aseguró que se terminaría a mediados de este año, tras haber avanzado solo 13 de los 40 kilómetros de tubería proyectados.
Inversiones y pérdidas
El sector eléctrico figura entre los mayores receptores de préstamos en 2025, con 2,704.5 millones de pesos destinados a mejorar redes, reducir pérdidas técnicas y fortalecer la sostenibilidad del sistema.
Desde 2020, se han aprobado ocho empréstitos para ese fin. Pero, este 2025, las pérdidas de energía -energía comprada que no se factura- subieron al 37.6 %, un punto más que en el primer trimestre del 2024.
El economista Franklin Vásquez advierte que el problema no es tanto el tamaño de la deuda, sino el peso de sus intereses sobre los ingresos tributarios del país. Esto, dice, limita la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales. De acuerdo con el Presupuesto General del Estado, el Gobierno prevé destinar 298,486.4 millones de pesos al pago de intereses de la deuda en 2025.
Vásquez cuestiona la efectividad del endeudamiento como herramienta de desarrollo, pues, a su juicio, sectores como educación, salud y energía siguen mostrando debilidades estructurales a pesar de los elevados montos comprometidos.