Sancionarán comercios con extranjeros indocumentados
En una ofensiva orientada a recuperar el equilibrio del mercado formal y frenar la competencia desleal, la Dirección General de Migración (DGM) y la Dirección General de Aduanas (DGA) han redoblado sus fiscalizaciones a establecimientos comerciales vinculados a irregularidades migratorias y tributarias, especialmente aquellos operados o abastecidos por ciudadanos extranjeros.
La DGM anunció sanciones económicas para los comercios que empleen mano de obra extranjera sin estatus migratorio legal, en aplicación del artículo 132 de la Ley General de Migración No. 285-04, que establece multas de entre cinco (5) y treinta (30) salarios mínimos del sector público.
Las inspecciones recientes en el Gran Santo Domingo derivaron en la detención de 92 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, y se advierte que los operativos se extenderán a nivel nacional.
Estas acciones buscan corregir distorsiones en el mercado laboral, donde el empleo irregular de extranjeros se traduce en menores costos para ciertos negocios, pero a expensas de los derechos laborales, la recaudación fiscal y la equidad competitiva.
Programa de fiscalización a posteriori
Paralelamente, la DGA mantiene su programa de fiscalización a posteriori centrado en comercios chinos que importan mercancías para el hogar y ferretería. Solo la semana pasada fueron auditados cinco establecimientos en Santo Domingo y Santiago, tras identificar discrepancias en sus operaciones aduaneras y tributarias.
Las auditorías se amparan en la Ley de Aduanas No. 168-21, que permite revisar transacciones de hasta tres años atrás.
Las autoridades económicas sostienen que estas medidas buscan frenar la evasión de impuestos, recuperar ingresos para el Estado y garantizar que todos los actores económicos operen bajo las mismas reglas. A su vez, se intenta proteger a los comercios formales y evitar la erosión del sistema de seguridad social derivada de la informalidad laboral.
La DGM y la DGA reiteraron su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho económico, como base para una economía más competitiva, ordenada e inclusiva.