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Desde febrero de 2025, la administración de Donald Trump ha convertido las deportaciones a terceros países en una herramienta sistemática de control migratorio, enviando a cientos de migrantes a naciones distintas a las de su nacionalidad o residencia, bajo acuerdos que incluyen pagos millonarios, eliminación de restricciones de visa y otros beneficios diplomáticos.

Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, titulado At What Cost – Inside the Trump Administration’s Secret Deportation Deals, revela que Washington ha destinado al menos 32.3 millones de dólares a cinco gobiernos extranjeros para aceptar migrantes deportados, además de 7.2 millones de dólares en vuelos de expulsión, para un total superior a 40 millones de dólares.

El reporte publicado en febrero 2026, indica que Estados Unidos ha enviado migrantes a al menos 10 terceros países, entre ellos El Salvador, Rwanda, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Paraguay y Costa Rica, como parte de acuerdos bilaterales cuyos términos en su mayoría no se hacen públicos.

El martes, la cancillería dominicana informó que el país firmó un de memorando de entendimiento de carácter no vinculante con Estados Unidos mediante el cual acogerá a un “número limitado” de nacionales de terceros países deportados por EE. UU., con excepción de ciudadanos haitianos y menores de edad no acompañados.

Diario Libre solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo el contenido original del documento firmado con República Dominicana, remitiéndonos a las declaraciones de la embajadora Leah Francis Campos, donde aseguró que el memorando respetará soberanía dominicana.

Qué reciben los países que aceptan deportados

Según el citado documento, a cambio de aceptar extranjeros deportados desde territorio estadounidense, los gobiernos receptores han obtenido transferencias directas de dinero, flexibilización de visados y otros tratos favorables negociados por altos funcionarios estadounidenses.

Costa Rica, por ejemplo, aceptó recibir hasta 25 deportados por semana bajo un acuerdo bilateral. Paraguay recibió en abril de 2026 un primer grupo de 16 migrantes, entre ellos un dominicano, aunque inicialmente se esperaba la llegada de 25 personas.

El caso más polémico ha sido El Salvador, donde unos 250 migrantes venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad, según el informe del Senado.

También se documentan:

29 migrantes enviados a Guinea Ecuatorial 15 migrantes enviados a Eswatini Siete migrantes enviados a Rwanda

Deportaciones sin previo aviso

Según el Comité de Estados Unidos para Inmigrantes y Refugiados, las deportaciones a terceros países consisten en expulsar a una persona hacia un país que no es el suyo ni aquel donde residió por última vez.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta práctica suele derivar en tortura, tratos crueles, detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos fundamentales.

Muchos migrantes son arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus hogares, comunidades, lugares de trabajo o durante controles migratorios obligatorios, según menciona el comité en un documento publicado en marzo de 2026.

También señalan que, en numerosos casos, no reciben notificación previa sobre su deportación ni sobre el país de destino final antes de abordar el vuelo. Cuando existe aviso, suele estar únicamente en inglés, incluso si la persona no comprende el idioma.

Una vez aterrizan en el tercer país, Estados Unidos se desliga de toda responsabilidad legal sobre su situación.

Riesgo de tortura y devolución en cadena

La mayoría de los deportados no tiene vínculos con el país receptor: no es su nación de origen ni el lugar donde residieron anteriormente, e incluso puede ser la primera vez que pisan ese continente.

Al llegar, algunos son retenidos en aeropuertos, prisiones o campamentos militares, mientras enfrentan el riesgo de ser deportados nuevamente hacia otros países donde podrían sufrir persecución, tortura o graves violaciones a sus derechos.

El informe advierte que esta práctica podría violar tanto la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como el derecho internacional, especialmente cuando se trata de refugiados, solicitantes de asilo o personas con protección humanitaria.

Expertos sostienen que deportar a una persona hacia un lugar donde su vida o libertad corren peligro contradice directamente la legislación estadounidense y las protecciones establecidas por la Ley de Refugiados de 1980.